Andalgalá cuestionó autorización del gobierno a MARA

La relación entre el Municipio de Andalgalá, el Ejecutivo provincial y la empresa MARA volvió a tensarse, luego que la gestión de Eduardo Córdoba presentará una queja por una autorización de parte del Ministerio de Minería a la firma minera. Concretamente, desde el Municipio presentaron un Recurso de Revisión ante el Ministerio de Minería en rechazo a la Resolución 478 que autoriza a Minera Agua Rica L.L.C. a ejecutar 55 nuevos pozos de exploración en el departamento. Desde la Municipalidad destacaron que este planteo judicial se suma a “múltiples acciones que el Municipio ha impulsado en los últimos años para detener lo que considera un proceso irregular y violatorio de la legislación ambiental vigente”.

La Municipalidad detalla en su escrito que la solicitud de sondajes de la empresa, presentada en septiembre de 2024, busca ampliar actividades en zonas de alta sensibilidad ambiental como Río Blanco, el trazado del futuro túnel de la cinta transportadora, el área de desmonte del proyecto Agua Rica Superior y el mismo pit Agua Rica. De acuerdo al Municipio, la documentación fue ingresada con “graves deficiencias formales y técnicas, sin firma profesional habilitada, ni cronograma de trabajo, ni descripción del impacto ambiental ni medidas de mitigación”. Ante esto, el Municipio exigió al Ministerio el rechazo de la petición y la orden de un Informe de Impacto Ambiental para estos 55 sondajes adicionales. “Falta de Participación Ciudadana”

Una de las críticas principales del Municipio radica en que el Ministerio de Minería no rechazó la presentación de plano, advirtiendo que así lo indicaría la legislación ambiental, sino que “habilitó a la empresa a complementar la información, permitiéndole ampliar la Declaración de Impacto Ambiental aprobada previamente”. Posteriormente, advierte que el Ministerio convocó entre febrero y marzo a un ciclo de “charlas técnicas”, las cuales “fueron utilizadas como sustituto del proceso de participación ciudadana, algo que el Municipio considera absolutamente irregular”. En este marco, las autoridades municipales expresaron que “estos espacios convocados por el Ministerio y organizados por la propia empresa, los vuelve parciales y contrarios al espíritu de las Audiencias Públicas Ambientales establecidas por normativa nacional e internacional”.

Más adelante, desde el Municipio señalaron que la aprobación de esta solicitud se concretó el 12 de mayo de este año, pero la notificación al Municipio se realizó recién dos meses y medio después, lo que también es considerado una “grave irregularidad procedimental” por los denunciantes. La Municipalidad también remarcó que ni sus objeciones verbales y escritas, “ni las voces de la comunidad fueron consideradas”, afirmando que “no hubo respuesta alguna a las presentaciones verbales ni escritas. Esa falta de motivación en un acto administrativo de este tipo es ilegal”.

Además, desde el Municipio sostuvieron que la autorización se concedió “sin que la empresa haya remediado los daños causados por campañas anteriores”, especialmente en Campo Grande, donde desde 2019 se exige la reparación del daño ambiental generado por actividades de exploración. Así agregan que el proceso de remediación iniciado es “incompleto y técnicamente deficiente”, y a la fecha “no existe un Plan de Remediación adecuado, mientras los impactos sobre el ambiente continúan”.

Finalmente, el Municipio sostuvo que “la aprobación de actividades mineras sin información suficiente, sin participación ciudadana y sin garantía de protección ambiental constituye una violación a derechos fundamentales, como el derecho a vivir en un ambiente sano y el acceso al agua”. En este marco, señalaron que “las autoridades tienen el deber de garantizar el ejercicio de estos derechos, no de habilitar su vulneración”.